Estamos hartos de oirles a los politicos, eso de "PRESUNTO INOCENTE", cuando la verdad es que son "PRESUNTOS CULPABLES", hasta que se demuestre lo contrario

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martes, 19 de febrero de 2013

La esposa y la suegra del ex consejero catalán de Gobernación (ERC), vinculadas al contrabando de tabaco entre Andorra y España


El juzgado de La Seu d’Urgell ha imputado a la mujer y a la suegra del ex conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, como presuntos partícipes a título lucrativo en la investigación por contrabando de tabaco entre Andorra y España. También han sido imputados dos compradores de tabaco de Barcelona.

El fiscal, Juan Sagredo, ha señalado que también se investiga a Ausàs, miembro de ERC, por si usó información, cuando era alcalde de la Seu, “para cometer el delito”.

“Hicimos llamar a declarar a los dos jefes de la Policía Local, y nos dijeron que, en su calidad de alcalde, había sido presidente de la Junta de Seguridad. Nosotros reclamamos las actas para ver qué cuestiones se trataron sobre contrabando, y si esto supuso alguna facilidad posterior para cometer el delito”, ha remarcado el fiscal.

Ausàs y seis personas fueron detenidas el pasado mes de julio por su presunta relación con una banda de contrabando de tabaco. El exconsejero pasó dos noches detenido hasta que pagó una fianza de 145.000 euros. En agosto pasado, un hombre se entregó y exculpó a Ausàs.

La Fiscalía ha pedido una fianza de 191.000 para hacer frente a una posible multa por contrabando de tabaco, que Ausàs ha recorrido.

lunes, 18 de febrero de 2013

Calatrava cobró 6 millones del gobierno de los socialistas valencianos por proyectar la Ciudad de las Ciencias


La Generalitat Valenciana pagó 5,9 millones de euros (IVA excluido) al arquitecto valenciano Santiago Calatrava por la redacción del proyecto y dirección de obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, según una respuesta parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV).

Se trata de una respuesta de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, al diputado de EUPV Ignacio Blanco, que solicitó conocer cuánto dinero y por qué conceptos pagó el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) al arquitecto Santiago Calatrava por el proyecto de la Ciudad de las Ciencias de acuerdo con los contratos firmados el 15 de enero de 1991 y el 24 de septiembre de 1992, cuando el PSOE gobernaba en la Comunidad Valenciana.

Bonig señala que de los dos contratos a los que hace referencia, sólo por el suscrito el 15 de enero de 1991 llegó a pagar 5,9 millones el IVVSA y que fue reembolsado al instituto por CACSA y, por entonces, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

La respuesta, publicada este martes, está firmada el pasado 11 de junio, y la pregunta fue formulada el pasado mes de mayo.

Entonces, Ignacio Blanco denunció que la Generalitat Valenciana, ya con el Partido Popular, pagó más de 94 millones de euros a Santiago Calatrava por todo el proyecto y la dirección de obra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

domingo, 17 de febrero de 2013

Madrid Andalucía Baleares Cataluña Castilla y León C. Valenciana Galicia Vascongadas | RSS y redes sociales de AD REDACCION | 15954 lecturas Una docena de cargos públicos fueron imputados en enero por causas relacionadas con la corrupción


El reguero de políticos imputados por presuntos casos de corrupción ha continuado durante el pasado mes de enero, período en el que se han computado al menos una docena de nuevas imputaciones, con políticos del PP, PSOE y CiU.
Aunque el mes concluyó con el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas, los presuntos sobresueldos en el PP y la imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por el ‘caso Nóos’, otros asuntos como la investigación en la Diputación de Orense, la mafia rusa de Lloret de Mar o el ‘caso Pokémon’ han aumentado la lista de noticias sobre corrupción.

Los nuevos imputados se suman a los aproximadamente 300 cargos públicos que a finales del año pasado ya se encontraban inmersos en procesos judiciales y que afectan a todos los niveles de la administración.

El último caso destapado ha sido el de la presunta red de mafia rusa que operaba en la localidad de Lloret de Mar (Gerona), liderada por el empresario Andrei Petrov, y que ha salpicado al primer teniente de alcalde del municipio, Josep Valls, detenido por la Guardia Civil este martes y puesto al día siguiente en libertad imputado por prevaricación y cohecho.

El juez también ve indicios de prevaricación y cohecho en este caso del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlamento catalán, Xavier Crespo, por su relación con la red de la mafia rusa, que habría blanqueado un total de 56 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los primeros casos destapados este primer mes del año ha sido el del expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar, citado a declarar como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación de personal. El PSOE denuncia que hasta 115 personas fueron colocadas a dedo por Baltar en vísperas del último congreso provincial del PP, en el que resultó elegido su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

También en Galicia, ha sido imputado el alcalde de Santiago, Ángel Currás, en el marco de la Operación Pokémon, convirtiéndose en el cuarto alcalde gallego imputado en esta investigación sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas. Los otros tres son el exregidor de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), el de exalcalde de Boqueixón (La Coruña) Adolfo Gacio, del PP, y el primer edil de Lugo, el socialista José Clemente López Orozco.

Sin embargo no es la única causa judicial que ha afectado a Currás este mes, ya que también ha sido imputado junto al exalcalde Gerardo Conde Ros, el concejal de Seguridad, Albino Vázquez, y la asesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad, Mar Hinojosa, por prevaricación y acoso moral tras la denuncia de un policía de presiones para encubrir a un dirigente del PP pillado ebrio al volante.

En Tarragona, fue detenido el concejal de Espacios Públicos, Antonio Rodríguez, que abandonó el cargo el mismo día, por un presunto delito de favorecer la inmigración ilegal. Se le investiga por presuntamente haber tramitado permisos y contratos de trabajo de forma fraudulenta a cambio de comisiones desde su empresa en Tarragona, aprovechándose de su cargo público.

Además, en Atarfe (Granada) han sido imputados el alcalde del municipio, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), y su antecesor en el cargo, el también socialista Víctor Sánchez, en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira.

TAMBIÉN HA HABIDO CONDENAS

Durante este periodo los tribunales también han seguido con la tramitación de las causas ya en marcha y ha habido diversas condenas contra cargos o excargos públicos, como la dictada contra el que era alcalde de Valverde (El Hierro) y diputado autonómico, el ‘popular’ Agustín Padrón, condenado a seis años de inhabilitación y dos de prisión por malversación. El Ayuntamiento compró por 182.000 euros una parcela que estaba valorada en 39.000 y Padrón dimitió de sus cargos públicos tras conocer la sentencia.

Además, la Audiencia de Málaga condenó al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros seis exediles (Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Rafael González y Dolores Zurdo) a un año de prisión por prevaricación urbanística por conceder licencias para la construcción de 126 viviendas.

Precisamente esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio por blanqueo de capitales que se ha seguido en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga contra Julián Muñoz, sus exparejas, Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja, y otras cuatro personas.

También ha sido condenada la exalcaldesa de Chipiona Dolores Reyes Ramos a siete años de inhabilitación especial a cualquier cargo surgido de unas elecciones municipales por un delito continuado de prevaricación. Según el juez, dio el visto bueno a 345 contrataciones de personal laboral eventual en el Ayuntamiento sabiendo que su actuación era ilegal.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha admitido a trámite una querella interpuesta por el sargento de la Policía Local de Cudillero contra el exalcalde y diputado regional Francisco González por los presuntos delitos de cohecho, acusación y denuncia falsa y falso testimonio.

sábado, 16 de febrero de 2013

El presidente de la Junta de Andalucía reparte otros 46.000 euros entre UGT y CC.OO. para actividades propagandísticas


La crisis y los recortes no han cerrado el grifo de la financiación pública de la Unión General de Trabajadores en Andalucía y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en Andalucía. La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha concedido otros 23.068,76 euros en ayudas a cada organización sindical (46.137,52 euros en total) a través de una resolución publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Las nuevas subvenciones otorgadas por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar Social se destinarán a financiar actividades propagandísticas de los dos sindicatos afines al Gobierno del PSOE e IU que preside José Antonio Griñán. En concreto, CC.OO.-A, el sindicato que dirige Francisco Carbonero, empleará la subvención de 23.068,76 euros a realizar un programa de «Difusión, conocimiento y análisis de servicios y prestaciones sociales para una jubilación activa».
Por su parte, el sindicato que dirige Manuel Pastrana, UGT-A, gastará la subvención de la misma cuantía a realizar un programa dedicado a divulgar la actividad del sindicato entre los jubilados, denominado «Promoción de la Participación Social y Sindical de las Personas Mayores».
La resolución por la que se canalizan los fondos, fechada el 24 de enero pasado, la firma María José Rico Cabrera, la directora general de Personas Mayores, Infancia y Familias adscrita a la Consejería que dirige María Jesús Montero. Las subvenciones se amparan en una orden del 10 de mayo de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el sector de las personas mayores.

Además de los sindicatos más cercanos a los partidos que comparten el Gobierno andaluz, recibe fondos, aunque en mucha menor cuantía, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), entre cuyos dirigentes se encuentran Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, exalcalde de Marinaleda (Sevilla) y vinculado a un partido, la CUT-BAI, integrado como una corriente interna dentro de Izquierda Unida. En concreto el departamento de María Jesús Montero aprueba la concesión de 2.939,83 euros al SOC para financiar el programa «Los Mayores y la Actividad Sindical».

Movilización contra los recortes

La Junta ha empeñado multitud de fondos a los sindicatos afines que preparan una gran movilización contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, al que pretenden identificar con el franquismo de cara al Día de Andalucía, el 28-F.

En la primera concesión de ayudas a la cooperación internacional tras las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo, el presidente andaluz en funciones, José Antonio Griñán, otorgó casi 2 millones de euros a las federaciones regionales de CC.OO. y UGT para que desarrollen su actividad sindical en Sudamérica y Norte de África.En concreto, el sindicato que dirige Pastrana se hizo con tres asignaciones que sumaban 971.320 euros. La organización que lidera Carbonero obtuvo 1.100.000 euros para proyectos diferentes en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

viernes, 15 de febrero de 2013

El Ayuntamiento almeriense de Albox, con más de su población en paro, paga el teléfono de la sede del PSOE


El Ayuntamiento de Albox, a pesar de su extremadamente grave situación económica, paga la factura de teléfono de la sede de la Agrupación del PSOE, según la documentación dada a conocer por Noticias de Almería. Hay que recordar que José García es el secretario general del PSOE albojense, y hasta el 31 de enero de 2013 en que presentó su dimisión, también era alcalde del municipio.

En la actualidad sigue de concejal y aún no se ha formalizado la elección de sus sustituto, siendo su cargo ocupado en funciones por Rogelio Mena, concejal y diputado provincial. A pesar de dejar el cargo, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, le confirmó en la Comisión Ejecutiva Provincial y como secretario de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Aguas.

En la actualidad, el Ayuntamiento tiene un total de 19 líneas de telefonía móvil contratadas con la operadora Vodafone, y una de ellas es la que figura como número de teléfono en la página web del PSOE de Albox. 

En concreto, el 669678901 es el que aparece como número de contacto del PSOE albojense, cuya sede, en la calle San Leonardo no tiene otro número alternativo adscrito a nombre de la organización política.
Además se de la circunstancia de que este número es el que tiene asignada -dentro del contrato telefónico- la cuota más alta de todo los del Ayuntamiento, en concreto, 62 euros mensuales fijos más el consumo que realice una vez superados los 2.000 minutos mensuales, es decir, más de una hora diaria de lunes a domingo.
García ya fue objeto de polémica en 2011, cuando se descubrió que la facturación media de la telefonía móvil municipal era de 5.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, unos 60.000 euros anuales. También tuvo mucha repercusión mediática la información publicada por Noticias de Almería en la que se demostró que gastaba 1.000 euros al mes con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento, y que había meses en los que sólo en comidas superaba los 1.500 euros.

Albox registra una tasa de paro superior al 50 por ciento de su población activa.

jueves, 14 de febrero de 2013

Los socialistas cargaron al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga jamones, quesos, vino, trajes y hasta palos de golf


La caja del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga comienza a revelarse como un «cajón de sastre» en la que se metía la mano con demasiada facilidad. Las informaciones ya ponían en evidencia esta evidencia pues en ellas se desgranaba un presunto «enchufismo» continuado de familiares y militantes socialistas.

Pero una auditoria realizada a las cuentas de la institución supra-municipal destapa una serie de gastos suntuosos en plena crisis económica que van desde jamones de más de 100 euros la pieza, botellas de Ribera del Duero, queso curado o licor de crema, hasta seis plumas por 1.554 euros, palos de golf y trajes de vestir. «Caprichos» que el PP ha calificado como «derroche» y que se suman a otras polémicas compras efectuadas en el pasado.

El documento recoge perlas como que el «9,18 por ciento del gasto liquidado del ejercicio de 2009 es ficticio», que hay «irregularidades en los procesos de contratación de determinadas inversiones», «ausencia de facturas justificativas» o «incumplimiento de la Ley de Contratos».

Conclusiones que ponen de nuevo en la picota al que fuera gerente del CPB, el dirigente del PSOE José Luis Cámara, y que se «aderezan» con compras y decisiones que ponen en entredicho su gestión. Según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, se adquirieron un total de 15 jamones a un conocido centro comercial cuyo importe –1.596,91 euros– se cargaron a las arcas del ente.

Los precios de las piezas van entre los 87,69 euros del más barato hasta los 104,70 del más caro. Igual mecanismo se siguió con la compra de 15 botellas de tinto Ribera del Duero a 13,75 euros la unidad y otra quincena de quesos por un precio total de 292,50 euros. Estas adquisiciones se realizaron antes de la Navidad de 2009, por lo que todo apunta a que era regalos con cargo a las cuentas públicas. El análisis de las facturas también revela la compra de seis plumas por un total de 1.554 euros.

Cinco de ellas, de la marca Townsend y Perspective y con lacado negro y en cuarzo, según el caso, se cargaron al Consorcio en una factura con fecha 6 de noviembre de 2009. El importe de estas estilográficas oscilaba entre 125 y 220 euros, muy alejadas de los 644 que costó una Montblanc. La auditoria también pone reparos a la compra de palos de golf y ocho trajes por valor de 2.181 euros. Además, pone la lupa en la contratación de determinadas empresas sin que supuestamente se siguieran los procedimientos que establece la ley.

Esta serie de gastos se une a la larga lista que el PP achaca a Cámara, como 2.644 en un cuadro para su despacho, 14.000 en «comilonas», la compra de 600 corbatas con el logotipo del Consorcio por 6.780 euros y de 300 carteras porta placas por 5.568 euros. Junto a este uso de los fondos públicos, se sitúan los indicios de que una treintena de afiliados de la agrupación Centro del PSOE de Málaga fueron contratados en distintos puestos cuando su gerente era al mismo tiempo el presidente de división del partido.

Unas contrataciones que también eran extensibles a familiares de dirigentes socialistas y que, en algunos casos, se realizaban a través de empresas a las que les adjudicaban servicios. Además, este periódico se hizo eco, y aportó documentación, del pago por la compra de un producto para los incendios –espumógeno– que se abonó seis veces más caro que el precio de mercado y del que sólo se recibió un tercio. Este caso está siendo investigado judicialmente. Mientras todo este dinero se abonaba, Consorcio Provincial de Bomberos permaneció cerca de tres años sin seguro de responsabilidad civil al considerarse un gasto excesivo. Un hecho vital en el caso del bombero fallecido en Álora al volcar el camión anti-incendios en el que viajaba y que derivó enl a imputación del ex-gerente y otros altos cargos del ente.

El PP exige responsabilidades

El portavoz del equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha exigido explicaciones a PSOE e IU sobre los “gastos injustificados” en el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga que figuran en una auditoria de los años 2008, 2009, 2010 y hasta junio de 2011, cuando dichos partidos gobernaban en coalición la institución provincial.

En el informe de la auditoria sobre la actividad del Consorcio, presidido en el anterior mandato por los diputados socialistas Cristóbal Guerrero y Francisco Márquez, se detalla un gasto de 644 euros en palos de golf y una estilográfica; 2.181 euros en ocho trajes, y 7.864,80 euros para la compra de 600 corbatas; además de otras “irregularidades” en las facturas. Salado ha considerado “un sinsentido que debe aclararse cuanto antes” y se ha preguntado qué relación hay entre un organismo que “debe dedicarse a ayudar a los municipios a evitar incendios y otras tragedias naturales y la compra de objetos de regalo para no se sabe quién”.

En este sentido, ha exigido al portavoz socialista, Francisco Conejo, que afronte la situación y “hable claro” sobre las “irregularidades detectadas”. “Los anteriores responsables del CPB, como el ex-gerente José Luis Cámara, son afiliados al PSOE y se supone que trabajan juntos, se ven en su sede, en reuniones de trabajo, y me sorprende que no se les haya cuestionado por este escándalo o por cualesquiera de los otros que ya hemos denunciado”, ha afirmado.

miércoles, 13 de febrero de 2013

JORDI PUJOL FERRUSOLA


La trama corrupta catalana no tiene fin: Oriol Pujol, implicado en el cobro de comisiones desde las Islas Vírgenes

Si bien Jordi Pujol ponía “la mano sobre el fuego” este viernes por su hijo Oriol Pujol, un diario nacional asegura este martes que el Tribunal Supremo ha remitido un informe “demoledor” contra el secretario de CDC, donde según la Policía se asegura su participación en la negociación y en los beneficios de la empresa Sharp por ayudar al cierre de su planta en Cataluña.
Según informa elEconomista, el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del que este martes da fe el diario El Mundo demostraría el modus operandi de este hijo de Jordi Pujol Soley, Oriol Pujol Ferrusola, en un entramado encabezado por él para enriquecerse con distintos negocios que requerían el visto bueno de la Generalitat.
“El apoyo de la Generalitat”
El informe que el Supremo ha enviado al juzgado número 9 de Barcelona señala a Oriol Pujol como “beneficiario real de una sociedad mercantil” con “capacidad de actuación directa sobre los órganos de Gobierno de la Administración de Cataluña”.
Oriol Pujol, conocido como el primo de Zumosol, se habría servido de cuatro cargos de la Generalitat, puestos desde los que tenían que facilitarle los negocios.
Se desmenuza así la trama de Oriol Pujol, apoyada con documentación, grabaciones como la de la conversación entre Alsina, íntimo amigo del líder de CDC y Ventura, y donde quedaría claro la manera que tenían de proceder con las facturas a través de paraísos fiscales.
Comisiones en las Vírgenes
Una de estas conversaciones es la que hay entre Buenaventura Pobre, presidente de Sharp en España, con Sergi Alsina, el presidente de Alta Partners, amigo íntimo de Oriol Pujol y jefe de la esposa de éste.
Pujol y Alsina, recuerda El Mundo, estaban intermediando con la Generalitat para que la empresa japonesa Sharp desmantelara su planta en Cataluña y la traspasara a la empresa de juegos Cirsa. Así pues, el 22 de julio de 2011, Buenaventura pregunta directamente a Alsina lo siguiente: Nosotros, a Alta Partners se le podría… e la factura, ¿podría ser una empresa de… Las Islas Vírgenes? Alsina, remarca la información del diario madrileño, no contesta y emplaza a su interlocutor a una conversación posterior. Buenaventura llama horas después y formula la misma pregunta. Alsina advierte que “quizá no deberíamos hablar de estas cosas por teléfono”. Inmediatamente le contesta de esta forma sobre la facturación del paraíso fiscal: “No hay ningún problema por nuestra parte”.
Los tentáculos de Oriol Pujol
La influencia de Oriol Pujol en la administración catalana, estos años ya presidida por Artur Mas -de quien asegura tenía conocimiento- era extraordinaria. Repasa el informe a través de las comunicaciones entre los implicados -Pastor, Alsina, Ricardo Puygnou, Josep Tous, Pedro Vicente Navarrete, responsable de Sony en España, y su mujer María Jesús Muro- , los manejos de Pujol para colocar a personas afines a su actividad en puestos clave. En sms y conversaciones intervenidas, Alsina le propone varios nombres para su nombramiento en calidad de responsables o consejeros en los cargos de Subdirección general de Seguridad Industrial, el Instituto Catalán de Finanzas, la Agencia de Competitividad Empresarial y el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil, entre otras.

lunes, 11 de febrero de 2013

MIGUEL ANGEL SOTO CUBERO


El secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía malgastó una subvencion de un millón de euros en viajes y manifestaciones

Un juez de Sevilla tomará declaración el próximo jueves, como imputados, a una ex directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, acusados de malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de la Junta que fueron destinadas a fines distintos a los concedidos, según informa El Mundo.
El juez de instrucción 16, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado como imputados a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO justificó dentro de unas partidas para sensibilización de riesgos laborales, los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.
Tras conocer la denuncia, CCOO depositó en el juzgado 20.383 euros, cantidad en la que cifra el error producido al justificar las subvenciones de la Junta, aunque el juez ha encargado un informe pericial sobre el presunto menoscabo de fondos públicos en dos subvenciones que totalizan un millón de euros.
Se trata de una ayuda de 600.000 euros para “el desarrollo de un plan de actividades divulgativas sobre prevención de riesgos laborales” y otra de 400.000 para un programa de mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla califica los hechos como presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

sábado, 9 de febrero de 2013

FUNDACIÓN IDEAS

La Fundación Ideas, del PSOE, pagó 600.000 euros a amigos y familiares de dirigentes del partido
La Fundación Ideas, vinculada al PSOE, pagó 600.000 euros a empresas de amigos y familiares de dirigentes del PSOE, que utilizaba como proveedores habituales.
Esta información, que publica el diario El Mundo según “documentación en su poder”, ha sido respondida esta madrugada por la Fundación mediante un comunicado en el que afirma que todos sus contratos “son escrupulosamente legales y se realizan como en el resto de fundaciones, con criterios de profesionalidad y confianza”.
La denuncia del diario se refiere a pagos durante los dos últimos años de gobierno del PSOE y cita entre los beneficiados por las contrataciones a la empresa de una hermana de la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano.
La Fundación Ideas, que recuerda que estas informaciones sobre sus contrataciones ya fueron “publicadas y aclaradas” en su momento, insiste en que en sus presupuestos hay tanto fondos públicos como privados y subraya que cumple con la obligación de presentar sus cuentas ante el Patronato del Ministerio de Cultura.

jueves, 7 de febrero de 2013

JOANA ORTEGA


El nuevo novio de Joana Ortega (CiU), vicepresidenta del Gobierno catalán, cobró casi 20.000 euros por un informe

Joana Ortega.
Joana Ortega.
El despacho de abogados de la nueva pareja de la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, cobró casi 20.000 euros de la Diputación de Gerona por un informe sobre las ayudas a las compañías aéreas, según cuenta el portal e-noticies, que dirige Xavier Rius.
El abogado Rafael Entrena, pareja actual de Ortega, entregó la factura de 19.360 euros por el informe tres días antes de que Jaume Torramadé (también de Unió) anunciara que dejaba temporalmente la presidencia de la Diputación, por un caso de acoso sexual, según publicaba el pasado 31 de diciembre el Diario de Girona.
Torramadé, que también fue asesorado por Entrena para negociar el presunto acoso sexual a Minerva Amador, recibió la factura y la firmó el pasado 7 de diciembre a pesar de que era el puente de la Constitución.
La firma también dejaba constancia de que el informe -encargado en octubre- se había recibido, a pesar de que según constata la misma información la AGI -entidad promotora del aeropuerto de Gerona formada por la Diputación, la Cámara de Comercio e la Generalidad- aseguró que nunca se le ha entregado.
El presidente de la Diputación también hizo otro encargo al despacho de Entrena. En este caso, la petición se hizo en el mes de diciembre y era un Informe jurídico sobre la responsabilidad de los ayuntamientos en materia de seguridad de las instalaciones deportivas por el que debían cobrar 20.000 euros. La Diputación, sin embargo, no ha hecho ningún pago en este sentido.

martes, 5 de febrero de 2013

MILAGROSA MARTINEZ


Del poder y la gloria a la cárcel: El caso de Milagrosa Martínez

Enrique de Diego.- La fiscalía anticorrupción pide once años de cárcel para Milagrosa Martínez en la pieza del caso Gürtel relativo a Fitur, porque el caso Gürtel no es cuestión de “tres trajes” como machacaba la cloaca de la casta en que degeneró Intereconomía a lomos de la corrupción moral de Julio Ariza y reiterada en ese programa deleznable de El gato al agua, que respondería mejor al título de La gaviota a la cloaca y cuyo visionado como espectador es un acto de indignidad personal y un apoyo a la corrupción.
El caso de Milagrosa Martínez es la enésima confirmación de que el Partido Popular no es más que una mafia dedicada al delito organizado, mucho más peligrosa que la mafia china o la rusa, que, en una situación de normalidad, tendría que ser ilegalizada y llevados a prisión sus dirigentes, sin excepción, empezando por Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre.
Conozco a Milagrosa Martínez. Mi pequeño drama personal es que conozco personalmente a todos estos chorizos. Lo voy superando, porque ya no me afecta en lo personal, al tiempo que se incrementa la indignación moral y el ansia infinita de justicia.
Milagrosa Martínez es de Novelda, la ciudad alicantina del mármol y las especias. La conocí siendo concejala en la oposición en un acto de su partido, de corte populista-festivo. Era una política con pocas luces, pero con muchas ganas, que, por supuesto, denunciaba la corrupción socialista y aparecía como el látigo de la virtud novacera (gentilicio de Novelda).
Años después me la encontré cuando disfrutaba del poder y la gloria. Fue en el autobús del aeropuerto de Barajas que nos llevaba al mismo avión hacia Alicante. Era rutilante consejera de Turismo de la Generalitat valenciana en el gobierno del incapaz de Francisco Camps, ese personajillo que recibía trajes gratis de Milano. Aunque no se había quitado el pelo de la dehesa, se notaba que se había gastado una buena pasta del contribuyente en ropa y aderezos. La acompañaban un par de escoltas macizos. A tenor de la fiscalía anticorrupción, ahí ya era una choriza.
Vaya por delante que nunca debió haber una consellera de Turismo ni un conseller. Que el turismo funcionaba cuando no había gente viviendo del cuento y de los demás. Milagrosa Martínez se corrompió en Fitur, que es uno de los focos de corrupción, en el que se ha funcionado con la cultura de lo gratis, a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas del contribuyente.
La España de las autonomías ha perpetrado dudosos milagros como el Milagrosa en un gobierno regional, en esa locura borbónica de los diecisete miniestados que han llevado a España a la fragmentación y a la sociedad a la ruina. Nunca la novecera hubiera podido aspirar a más y, sin embargo, su carrera política, entreverada en el conflicto cainita de campistas y zaplanistas, chorizos unos y otros al por mayor, no había hecho más que empezar: Milagrosa Martínez pasó a ser presidenta de las Cortes Valencianas, una institución insostenible y urgentemente prescindible.
Milagrosa Martínez es una parábola de la vida actual: del poder y la gloria ha pasado a estar imputada y a la espera de ser juzgada para pasar unos cuantos años entre rejas, que es lo que se merece. Me dicen que está muy deprimida, que llora e incluso que está dispuesta a cantar, porque lo que primaba en Milagrosa era la ambición insatisfecha y todo cuanto hizo y robó lo hizo con conocimiento y por orden del partido, del Partido Popular, y de Francisco Camps y de Mariano Rajoy, que es la postre el responsable de toda la mierda acumulada en la pocilga pepera. Luego nunca cantan, porque no tienen ni ese resto de dignidad, pero ahora no hay sanidad para los enfermos crónicos por todo lo que han robado las milagrosas peperas.
Porque el PP de la Comunidad Valenciana es un antro de corrupción y no queda uno honrado y todas las campañas y cada uno de sus actos se hacen en dinero negro, los mismos que luego –hipócritas- despotrican y aprueban leyes contra la economía sumergida. Lo dicho: el PP es una mafia, Milagrosa quería subir y subió y cuanto más subía más se corrompía porque así es la ley de la mafia.

domingo, 3 de febrero de 2013

JOSE MUÑOZ


Un diputado socialista arregló su casa con una ayuda de la Junta de Andalucía para rentas bajas

De las diez solicitudes que ha recibido la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Junta, para rehabilitar casas en Lebrija a comunidades de vecinos con pocos recursos —el procedimiento se cataloga como «rehabilitación singular»— sólo una ha conseguido la subvención: la tramitada por los vecinos del edificio en el que tiene su casa el diputado socialista José Muñoz, portavoz adjunto del PSOE y vocal de la comisión de Vivienda en el Parlamento, entre otros cargos. Muñoz, que es además presidente de la comunidad de vecinos, se benefició de una ayuda de EPSA para la «rehabilitación singular» del inmueble a través de un programa diseñado para «el parque privado de familias con unos ingresos medios y bajos», según consta en la orden publicada en el BOJA del 29 de agosto de 2005 con la firma de la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.
Según el expediente de la subvención, que obra en poder de este periódico, en el edificio de Lebrija que resultó beneficiario hay seis viviendas, de las que, a tenor de lo que consta en el Registro de la Propiedad, dos pertenecen al propio Ayuntamiento lebrijano, cuya alcaldesa es la socialista María José Fernández —prima de Muñoz—, otra es del citado diputado, y las otras tres pertenecen a distintos vecinos de la localidad. La cifra otorgada fue de 84.260 euros, para lo que había que demostrar que «al menos el 50 por ciento de las unidades familiares residentes tengan unos ingresos familiares anuales no superiores a 2,5 veces el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples». Esta circunstancia se justifica en los documentos aportados a EPSA por la comunidad de vecinos con los datos de tres personas —la mitad de los propietarios— cuyas rentas están teóricamente por debajo de lo estipulado, aunque sus ingresos constan en la documentación con una «declaración responsable», y no con la declaración de la renta, de lo que dicen haber ingresado los beneficiarios: 0, 6.226 y 8.370 euros en el año 2005, respectivamente.
En declaraciones a ABC, el diputado socialista explica que «esto es un tema del año 2007, cuando se empezó a tramitar todo este tema, fecha en que por cierto ni gobernaba el PSOE en Lebrija ni nada». Muñoz asegura que «esto empiezan los vecinos a moverlo, sobre todo Pepe López —se refiere al secretario de la comunidad al que, como presidente, dio poderes—. La primera noticia que yo tengo de esto es por un problema de estructura de una columna. A mí me plantean que vamos a solicitar la ayuda y la primera respuesta que yo doy es que cómo voy a pedir esto si yo no puedo. Ellos me dicen que es un tema de la comunidad y entonces yo digo que para adelante». Muñoz lamenta que «estas cosas me ofenden porque yo no oculto nada. Yo, sinceramente, no he tenido nada que ver en el expediente. Esto es una historia de mi comunidad de vecinos. Yo jamás he solicitado a la Junta nada».

viernes, 1 de febrero de 2013

MODESTO CREPO


El expresidente de la CAM se embolsó más de 640.000 euros en dietas entre 2009 y 2011, 30 veces más de las que le correspondía

El expresidente de CAM Modesto Crespo se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que “nunca” fue aprobada por la asamblea de la entidad.
Así consta en un informe del Banco de España que ha recibido el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que instruye la causa contra la antigua cúpula de la CAM, y en el que se pone de manifiesto cómo Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad.
Ocupaba cargos que no necesitaban el visto bueno de la asamblea
El modus operandi consistía en ocupar cargos en algunas filiales de la caja con los que percibir ingresos que no debían contar con el visto bueno de la asamblea de la caja, la cual sólo le daba luz verde a las dietas como presidente, unos 20.654 euros en ese periodo.
“La cuantía de esta remuneración, que no está vinculada a asistencia, y su efecto retroactivo, desnaturaliza su concepción como dieta”, resalta el informe, que señala que los 640.000 euros que percibió Crespo fueron aprobados por el consejo de administración de la CAM, “pero nunca” por la asamblea general.
El presidente de la comisión de control, implicado
Además el documento revela que Ramón Avilés, expresidente de la comisión de control -órgano encargado de velar por la buena gestión de la entidad- e imputado como Crespo por apropiación indebida y administración desleal, también se aprovechó de este sistema.
En su caso, debería haber recibido 14.965 euros, aunque esa cifra se elevó hasta los 308.700 euros por la pertenencia a la comisión de seguimiento y control de la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones S.L.
Y ello, prosigue el Banco de España, a pesar de que había renunciado a la percepción de cualquier tipo de dietas, renuncia que consta tanto en el acta de dicha comisión como en el Informe anual de Gobierno Corporativo de CAM de 2006.
Avilés además, según consta en un informe que el BdE ha remitido al juez, utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad, de las que se deshizo “antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja”. Así, el informe revela que Avilés pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%.
Sobre Avilés, el texto añade además que realizó operaciones de “ocultación de propiedad”, utilizando para ello a su hermana como testaferro “de una sociedad en dificultades acreditada en la caja”.
El Banco de España relata que la mujer de Crespo vendió en diciembre de 2010 a su cuñada, Josefa Avilés, la totalidad de las participaciones de La Vereda Sucina, una sociedad acreditada de la CAM con un riesgo de 14 millones.
Posteriormente, el 13 de abril de 2011, “se refinancian en condiciones favorables para el acreditado sus operaciones”.
Unos datos que demuestran que Avilés “estaba ocultando financiación recibida de CAM” cuando, recuerda el informe, existe la obligación de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas por las cajas a los altos cargos de las entidades o a sus empresas.