El reguero de políticos imputados por presuntos casos de
corrupción ha continuado durante el pasado mes de enero, período en el que se
han computado al menos una docena de nuevas imputaciones, con políticos del PP,
PSOE y CiU.
Aunque el mes concluyó con el escándalo de las cuentas
suizas de Luis Bárcenas, los presuntos sobresueldos en el PP y la imputación de
Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por el ‘caso Nóos’, otros asuntos
como la investigación en la Diputación de Orense, la mafia rusa de Lloret de
Mar o el ‘caso Pokémon’ han aumentado la lista de noticias sobre corrupción.
Los nuevos imputados se suman a los aproximadamente 300
cargos públicos que a finales del año pasado ya se encontraban inmersos en
procesos judiciales y que afectan a todos los niveles de la administración.
El último caso destapado ha sido el de la presunta red de
mafia rusa que operaba en la localidad de Lloret de Mar (Gerona), liderada por
el empresario Andrei Petrov, y que ha salpicado al primer teniente de alcalde
del municipio, Josep Valls, detenido por la Guardia Civil este martes y puesto
al día siguiente en libertad imputado por prevaricación y cohecho.
El juez también ve indicios de prevaricación y cohecho en
este caso del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlamento catalán,
Xavier Crespo, por su relación con la red de la mafia rusa, que habría
blanqueado un total de 56 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.
Otro de los primeros casos destapados este primer mes del
año ha sido el del expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar,
citado a declarar como imputado por un presunto delito continuado de
prevaricación en la contratación de personal. El PSOE denuncia que hasta 115
personas fueron colocadas a dedo por Baltar en vísperas del último congreso
provincial del PP, en el que resultó elegido su hijo, José Manuel Baltar
Blanco.
También en Galicia, ha sido imputado el alcalde de Santiago,
Ángel Currás, en el marco de la Operación Pokémon, convirtiéndose en el cuarto
alcalde gallego imputado en esta investigación sobre supuestas irregularidades
en adjudicaciones públicas. Los otros tres son el exregidor de Ourense
Francisco Rodríguez (PSOE), el de exalcalde de Boqueixón (La Coruña) Adolfo
Gacio, del PP, y el primer edil de Lugo, el socialista José Clemente López
Orozco.
Sin embargo no es la única causa judicial que ha afectado a
Currás este mes, ya que también ha sido imputado junto al exalcalde Gerardo
Conde Ros, el concejal de Seguridad, Albino Vázquez, y la asesora para la
coordinación de los cuerpos de seguridad, Mar Hinojosa, por prevaricación y
acoso moral tras la denuncia de un policía de presiones para encubrir a un
dirigente del PP pillado ebrio al volante.
En Tarragona, fue detenido el concejal de Espacios Públicos,
Antonio Rodríguez, que abandonó el cargo el mismo día, por un presunto delito
de favorecer la inmigración ilegal. Se le investiga por presuntamente haber
tramitado permisos y contratos de trabajo de forma fraudulenta a cambio de
comisiones desde su empresa en Tarragona, aprovechándose de su cargo público.
Además, en Atarfe (Granada) han sido imputados el alcalde
del municipio, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), y su antecesor en el cargo, el también
socialista Víctor Sánchez, en el marco de una investigación sobre supuestas
irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación
de la macrourbanización de Medina Elvira.
TAMBIÉN HA HABIDO CONDENAS
Durante este periodo los tribunales también han seguido con
la tramitación de las causas ya en marcha y ha habido diversas condenas contra
cargos o excargos públicos, como la dictada contra el que era alcalde de
Valverde (El Hierro) y diputado autonómico, el ‘popular’ Agustín Padrón,
condenado a seis años de inhabilitación y dos de prisión por malversación. El
Ayuntamiento compró por 182.000 euros una parcela que estaba valorada en 39.000
y Padrón dimitió de sus cargos públicos tras conocer la sentencia.
Además, la Audiencia de Málaga condenó al exalcalde de
Marbella Julián Muñoz y a otros seis exediles (Manuel Calle, Juan Antonio
Yagüe, Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Rafael González y Dolores Zurdo) a un año
de prisión por prevaricación urbanística por conceder licencias para la
construcción de 126 viviendas.
Precisamente esta semana ha quedado visto para sentencia el
juicio por blanqueo de capitales que se ha seguido en la Sección Segunda de la
Audiencia de Málaga contra Julián Muñoz, sus exparejas, Maite Zaldívar y la
cantante Isabel Pantoja, y otras cuatro personas.
También ha sido condenada la exalcaldesa de Chipiona Dolores
Reyes Ramos a siete años de inhabilitación especial a cualquier cargo surgido
de unas elecciones municipales por un delito continuado de prevaricación. Según
el juez, dio el visto bueno a 345 contrataciones de personal laboral eventual
en el Ayuntamiento sabiendo que su actuación era ilegal.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha admitido a trámite una querella interpuesta por el sargento de la Policía
Local de Cudillero contra el exalcalde y diputado regional Francisco González
por los presuntos delitos de cohecho, acusación y denuncia falsa y falso
testimonio.
